Recuperada la democracia en el país, luego de la sangrienta dictadura militar, la ciudadanía exige a los partidos políticos conductas republicanas que fortalezcan cada día a las instituciones, sobre todo a la clase política y los gobernantes en sus funciones públicas, en cualquiera de los poderes del Estado.
Muchas veces se reiteran prácticas de violación de reglas y preceptos constitucionales o legales, que se toman como habituales o “normales” y peor aún como prerrogativas de quienes detentan el poder de turno.
Sin riesgo de error podría señalarse que existe un debilitamiento institucional en Río Negro que se genera por las prácticas oficiales de dudosa legitimidad aunque fueran legales o justificadas desde los administradores del Estado.
Desde ya que ésta ha sido una práctica de todos los gobiernos y pareciera que a medida que se afianza nuestra democracia en vez de avanzar en la calidad se retrocede. Simplemente habría que hacer un ejercicio de memoria o de investigación desde el gobierno del doctor Alvarez Guerrero hasta el actual del FpV.
En tal sentido podría decirse que este tema ha sido una de las causales de la derrota del gobierno anterior del doctor Miguel Saiz, quien poco se preocupó por la calidad institucional.
Precisamente la ciudadanía votó por un cambio y esta ecuación exige a la actual gestión ser muy cuidadosa en el ejercicio del poder y la administración para no defraudar al ciudadano y no defraudarse a sí mismo.
En los pocos meses del Gobierno actual se sucedieron diversos hechos que ponen luz de alerta a la tentación de prácticas incorrectas y que el periodismo ha señalado con la intención de marcar errores que requieren corrección y que sin embargo se interpretan como “operaciones político-mediáticas”.
Aún queda crédito y es posible justificar muchas de estas acciones en la falta de experiencia, apresuramiento y malos asesoramientos, pero vale también decir que hubo soberbia -igual que en el gobierno anterior- para reconocer errores. A pesar de que hubo rectificaciones.
Un rápido repaso a los tres meses de gestión nos señala que hubo irregularidad en las juras del Fiscal de Estado y del Contador General de la provincia, sin previo acuerdo de la Legislatura, porque así lo marca la Constitución. Cómo se reparó este hecho: con un confuso decreto y los funcionarios fueron “doblemente designados”.
Hubo primero (antes de asumir, durante el proceso electoral) una férrea crítica al radicalismo por haber mantenido al frente de los organismos de control a hombres funcionales a la UCR, luego se agregó al discurso proselitista la intención de integrar a la oposición en estos organismos.
No sólo fue incumplida esta promesa sino que fueron designados funcionarios que no ocultaron su parcialidad política, y además se la enrostraron a la ciudadanía, como jactándose de haberlo hecho, como el caso de Erika Acosta, titular de un sitio partidario que usó el gobierno, que fuera denunciado por el periodismo, así como su participación en las reuniones de gabinete.
Tampoco Gustavo Casas, defensor del Pueblo, tuvo cuidado en guardar el lugar que le fija la Constitución. Incluso habiendo sido constituyente en 1988. Cabe señalar que por este tema fue denunciada Ana Piccinini, cuando ocupó ese cargo, con pedido de juicio político que nunca se concretó.
Cuando Alberto Weretilneck en ejercicio del cargo de vicegobernador anunció que sólo se constituirían las comisiones permanentes de la Legislatura, dejando de lado las especiales, desconociendo que muchas de ellas fueron creadas por ley y que no pueden ser derogadas por una resolución. Un error motivado por desconocimiento, apresuramiento y algún afán demagógico de anunciar reducción de gastos.
Peor aún, el absurdo protagonizado por la legisladora Beatriz Contreras, que presentó un proyecto creando la Comisión Especial de Derechos Humanos –comprendida en la anulación de su jefe político- proyecto que tuvo que reemplazar por una reforma, en virtud de que la ley de creación de la Comisión de DDHH, estaba vigente.
Otro tema que pone en riesgo el funcionamiento del Estado es la falta de la publicación de los decretos del Poder Ejecutivo y aún restan publicar los firmados por el gobernador Soria. A esto se suman medidas restrictivas para acceder a estos y otros documentos públicos, incumpliendo la obligatoriedad de acceso a las fuentes informativas.
En este recorrida donde se lesiona la institucionalidad hay hechos que pasaron inadvertidos como cuando Weretilneck pidió la renuncia del intendente de Catriel –una competencia que no le corresponde- o confundir roles de la página web oficial del gobierno con una partidaria del FpV, o el incumplimiento de los plazos para cubrir las vacantes en el STJ producidas por las renuncias de Luis Lutz e Italo Balladini.
Por otra parte cabe mencionar la intromisión del gobierno en la interna de la UnTER, hay correos electrónicos que lo demuestran; diversos hechos de maltrato y los ya famosos casos de nombramientos de familiares, donde apellidos como Soria, Goinhex, Lastra, Bagli, Palmieri, Huentelaf, Del Valle, se repiten varias veces en la nómina oficial.
El hostigamiento a la prensa tampoco contribuye a la calidad institucional. Los casos son varios: Canal 10, ARSA, Legislatura, Prensa de Gobierno y otros.
En Legislatura un buen ejemplo de esta actitud contra los periodistas es el "todo terreno", Nelson Cides, hasta hace un año funcionario del “régimen” radical y ahora perseguidor confeso. No contento con el buen sueldo que recibe en el Palacio de Las Leyes, ahora presiona para que lo trasladen a la deficitaria Horizonte, en desmedro de otros dirigentes del MPP de Viedma que tienen posiblemente más pergaminos para ocupar un cargo ahí.
El flamante Fiscal de Investigaciones Administrativas, Marcelo Ponzone, involucrado en las firmas falsas de Carlos Soria, además de indagar en la vida privada de empleados sobre creencias religiosas, juró por su partido, siendo que es titular de un órgano de control.
El gobierno paga en negro (no remunerativo) el 30 por ciento de los abultados sueldos a los funcionarios que afecta, entre otros, los aportes al Ipross, cuando en realidad este incremento salarial tenía como objetivo salir del esquema de sobresueldos.
El affaire de la falsificación de las firmas de Carlos Soria y el reconocimiento público de su hijo Martín de que su secretaria imita su rúbrica en documentos oficiales, ha sido otro paso desdichado para la calidad institucional de Río Negro.
A poco de andar del actual gobierno, ya llegan a la prensa denuncias de irregularidades que lindan con la corrupción y surgen temas de investigación que se ve dificultada por el cerrojo informativo para acceder a datos que son públicos, pero que igual en unas semanas serán publicados por la prensa.
Todo esto no es más que la enumeración de algunos detalles que hacen a las instituciones. El ciudadano común espera que sus representantes se atengan a la legalidad de los actos de gobierno, conductas transparentes que le garanticen la seguridad jurídica dentro del territorio rionegrino.
